Además de un desempleo declarado significativo, muchos están subempleados o no cobran lo que les correspondería por el trabajo realizado. La mitad de la fuerza laboral mundial gana menos de US$2 al día. 12,3 millones de hombres y mujeres trabajan en condiciones de esclavitud. 200 millones de niños menores de 15 años trabajan en lugar de asistir a la escuela. 2,2 millones de personas mueren a causa de accidentes y enfermedades laborales cada año. La gente en países desarrollados y en desarrollo trabaja más por menos dinero, y cada vez son más las personas – mayoritariamente mujeres – que se ven obligadas a ganarse la vida en la denominada economía informal, sin protección social alguna ni derechos y con empleos precarios. Entre tanto, las empresas utilizan la amenaza de la subcontratación para reducir los salarios y eliminar ciertos derechos que costó mucho ganarse, como el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Los sindicalistas que combaten esta tendencia son despedidos, amenazados, encarcelados o incluso asesinados.
Sólo un sistema internacional basado en la solidaridad y el respeto de los derechos de la persona, consagrados en los convenios de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puede poner fin a estas tendencias. Exhortamos a nuestros gobiernos a que firmen estos convenios, los apliquen de forma urgente y sitúen el trabajo decente como un elemento central de sus políticas.
En julio de 2006, los gobiernos miembros del Consejo Económico y Social de la ONU adoptaron una Declaración Ministerial cuyo primer artículo indica que: “Estamos convencidos de la urgente necesidad de crear un entorno a escala nacional e internacional que propicie el logro del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos como base del desarrollo sostenible”. Este llamamiento debe ir acompañado por la ratificación e implementación de las normas de la OIT, al tiempo que las agencias internacionales utilizan la nueva Guía Práctica de la ONU para la incorporación sistemática del empleo y el trabajo decente, como primer paso para fomentar una mayor coherencia política y convergencia para cumplir la promesa de Trabajo Decente para Todos.

Hay que empezar a cumplir estas promesas de inmediato.
Pensamos que el trabajo decente es un elemento esencial para erradicar la pobreza, mejorar las vidas de hombres y mujeres y permitir que las gentes vivan en paz y dignidad. Instamos por tanto urgentemente a los responsables políticos a:
1. Trabajo decente: Reafirmar la contribución de unos empleos estables y de calidad para el logro de una economía saludable y comunidades justas y equitativas, implementando estrategias inclusivas para un empleo pleno y productivo, incluso para aquellos que trabajan actualmente en la denominada economía informal y que necesitan derechos y justicia para defender sus intereses. Toda persona tiene derecho a trabajar, a unas buenas condiciones de trabajo, y a obtener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades económicas, sociales y familiares básicas, un derecho que debería reforzarse mediante la aportación de salarios dignos y adecuados.
2. Derechos: Los derechos de los trabajadores/as a formar y afiliarse a sindicatos y a negociar colectivamente con su empleador son fundamentales para lograr el trabajo decente, y todas las organizaciones internacionales, los gobiernos y las empresas han de cumplir sus responsabilidades respetando los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras.
3. Protección social: Reforzar y ampliar la cobertura de la protección social garantizando el acceso a la seguridad social, las pensiones, las prestaciones de desempleo, la protección de la maternidad y los servicios sanitarios para todos. Cualquiera debería tener acceso a estos beneficios, incluyendo los trabajadores/as en la denominada economía informal.

5. Deuda: Asegurarse de que las prioridades de las instituciones financieras internacionales incorporen preocupaciones sociales y medioambientales. Particularmente debe ponerse fin a las condiciones vinculadas a los créditos y al alivio de la deuda, que obligan a los países a desregular los mercados laborales, reducir el gasto público y privatizar servicios públicos a costa del acceso y la calidad de los mismos. Todos los proyectos financiados por estas instituciones tienen que respetar las normas fundamentales del trabajo en su implementación.
6. Ayuda: Asegurarse de que los gobiernos cumplan su compromiso de incrementar el nivel de ayuda oficial al desarrollo de los países ricos hasta que represente al menos el 0,7% del PIB. Una adecuada financiación para el desarrollo resulta esencial si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.
7. Migración: Asegurarse de que los trabajadores/as migrantes no sean explotados y que disfruten de los mismos derechos que el resto de los trabajadores/as, ratificando los Convenios de la OIT relevantes y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.
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