Adrián no espera un milagro. Sino que el Estado cumpla con su deber. Que su obra social, PAMI, pague su operación para que él pueda levantar la cabeza de la almohada apenas nueve centímetros. Sólo para eso. Para poder sentarse en una silla de ruedas y sostener por él mismo su cabeza. Sabe que no va a volver a caminar, al menos hasta que la ciencia y la tecnología le den la mano para ponerlo de pie, para levantarlo de esa cama rodeada de cables y de aparatos que intentan conectarlo con el mundo. Nueve años de postración, de imposibilidad de tomar un teléfono para comunicarse con un amigo, de poder ir al baño solo o de rascarse la nariz no han logrado ahogar las ganas de vivir de este joven.
Pero, como deja traslucir la nota publicada ayer en LA GACETA, para la sociedad y para el Estado él no existe. "La sociedad no acepta a los discapacitados, lisa y llanamente. Salís a la calle en silla de ruedas y te miran como diciendo: anduviste en una moto, diste contra la pared, jodete" (sic).
Para el Estado y para la sociedad la discapacidad es invisible. "Cuando yo estaba en terapia intensiva tenía 300 visitas por día. ¿Sabés cuántas tengo ahora? Dos". Mucha gente se conmueve con la enfermedad, pero está "incapacitada" para verla. "Creen que uno se va a colgar de ellos", supone Adrián.
El Estado dicta leyes a favor de los discapacitados, pero no las aplica. En junio del año pasado, la Argentina adhirió con gran orgullo a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, pero todavía no alcanza a hacerla cumplir. Es decir, está el encuadre legal y también el concepto en la sociedad de que hay que incluir socialmente a las personas con capacidades especiales. Sólo hay que pasar a la acción.
La ley de Prestaciones Básicas obliga a una cobertura integral para todas las personas con discapacidad. Sin embargo, para que las obras sociales la cumplan, los beneficiarios deben acudir individualmente a la Justicia. Aun en el caso de las obras sociales del Estado.
Adrián, por ejemplo, necesita fisioterapia todos los días, pero el PAMI le cubre una sesión semanal.
Este fenómeno de invisibilizar la discapacidad ocurre en todo el país. Un relevamiento de la fundación Par revela que las leyes en ese tema no se cumplen en un 56%, que las obras sociales no reconocen tratamientos en un 31% y que el 48% de las personas con capacidades especiales pertenece a obras sociales provinciales y un 55% no posee obra social.
Como un mandato social, también el discapacitado terminó naturalizando su realidad. Siente que no existe para la sociedad. Por eso apenas el 14,6% gestionó los certificados indispensables para acceder a los beneficios de las prestaciones básicas. El resto pregunta "¿para qué? No somos nadie".
Adrián quiere estudiar y no puede. Necesita una operación para mover la cabeza y no se la dan porque dicen que es muy riesgosa. Pero a él no le importa, sólo quiere una oportunidad.
¿Qué sería de los discapacitados sin las ONG que logran con solidaridad lo que el Estado no puede cumplir con leyes? Sin embargo, más que gestionarles una silla de ruedas o un subsidio, ellos merecen ser tratados como sujetos de derecho. A la educación, a la salud, al trabajo, a una vivienda... Pero, antes que nada, hay que abrir los ojos y verlos.
Por Magena Valentie, Redacción LA GACETA
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