Asimismo, el texto legislativo propone erradicar la publicidad de este tipo de productos en Educación Secundaria y evitar así el "efecto inductor" que invita a los adolescentes a consumirlos. La opción adoptada pasa por la autorregulación de la publicidad, tal y como establece el Código PAOS.
La ley introduce por primera vez la prohibición de discriminación por razón de obesidad, un aspecto que Sanidad considera especialmente relevante, dado que como ha recordado la ministra Trinidad Jiménez, "uno de cada dos adultos es obeso y uno de cada cuatro adolescentes es obeso o padece sobrepeso, con todos los problemas que esto conlleva".
Otra de las medidas contempladas se refiere a la composición de los alimentos y la alimentación en el entorno escolar. En lo relacionado con las grasas trans, que son producidas en las operaciones industriales y que han demostrado ser perjudiciales para la salud, la ley obliga a las industrias a utilizar tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de dichas sustancias en la cadena alimentaria. Para ello, las empresas tendrán que modificar los procesos en los que los alimentos se enriquezcan con estas sustancias dañinas para la salud.
El objetivo último es garantizar a los consumidores su protección bajo cualquier circunstancia, para lo cual establece un marco que permitirá al Gobierno coordinar todas las acciones necesarias para la seguridad de los alimentos y, por tanto, proteger la salud de los ciudadanos y reforzar sus derechos como consumidores. Para velar por todo ello, se creará el Observatorio de la nutrición y el estudio de la obesidad.
Según ha declarado Jiménez, "es una ley moderna y oportuna. Queremos poner fin a la disparidad normativa que existía en este terreno y, sobre todo, abordar el problema de la obesidad infantil, que es una auténtica amenaza de salud pública".
Fuente: Europa Press
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