Según este organismo, "al Cermi y a sus organizaciones miembro llegan cada vez con más frecuencia quejas y protestas de alumnos y familias que denuncian los intentos de las Administraciones educativas autonómicas de imponer recursos educativos segregadores, negando el derecho a la educación inclusiva y a la libre opción de modelo de escolarización".
En muchos de estos casos, explica, alumnos con discapacidad que siguen sus estudios en educación ordinaria son forzados a pasar a educación especial por cambio arbitrario de criterio de la Administración educativa, sin tener en cuenta los deseos y preferencias de la persona con discapacidad y de su familia.
A favor de la educación inclusiva
A juicio del Cermi, "estas decisiones segregadoras obedecen a la ausencia de medios y recursos humanos y materiales para garantizar la educación inclusiva, lo cual lleva a las autoridades educativas a la solución fácil de imponer modalidades de escolarización no normalizadas".
La entidad recuerda que tanto la legislación educativa vigente como la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España, establecen un modelo garantista de educación inclusiva y de libertad de opción, e indica que "cualquier intento de socavar esos principios atenta contra los derechos humanos de las personas con discapacidad".
Fuente: El Mundo
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