"Vamos a ver las tareas que pueden hacer cada uno de ellos y, recién entonces, los nombraremos. Desde luego que hay que tener en cuenta la discapacidad que en cada caso presenta el aspirante. Un ciego, por ejemplo, puede hacer algunas cosas y está imposibilitado para otras", consignó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Estofán.
El magistrado se refería, más precisamente, al primer concurso llevado a cabo por la Justicia tucumana para incluir dentro de su nómina de empleados a 34 personas discapacitadas para que ocupen puestos de ayudantías en diferentes órganos del Poder Judicial en toda la provincia.
Los ingresantes serán destinados, en mayor medida, al Centro Judicial Capital, donde ocuparán 31 cargos, a la vez que los tres restantes se dirigirán al Centro Judicial Concepción y Monteros.
A pesar de la buena noticia, el concurso fue lento y se demoró en muchos aspectos: en diversas ocasiones las autoridades judiciales tomaron medidas en lo relativo a los aspirantes y además se presentaron muchos contratiempos. Pero, finalmente, después de un año, la iniciativa tomó su curso y ahora la Dirección de Recursos Humanos de los Tribunales ya comenzó a realizar los llamados para completar exámenes preocupacionales y otros detalles.
En declaraciones a medios locales, Estofán precisó que "Susana Medina de Rizzo, jueza del Superior Tribunal de Entre Ríos y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, y Laura Balart, secretaria de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me confirmaron que es la primera vez que se hace una convocatoria de este tipo en los poderes judiciales argentinos. Antes se habían designado discapacitados, pero a dedo. Así que tiene su importancia".
A través de la acordada 1.029/10 los miembros del máximo tribunal tucumano decidieron poner un cupo mínimo (del 4%) en las ayudantías judiciales para que sea ocupado por gente con diferentes discapacidades.
Para diciembre de 2011, según consta en los registros judiciales, 289 personas se habían inscripto para concursar por los puestos ofrecidos desde la Justicia. Luego, solo 107 de ese grupo se presentó ante una junta médica integrada por profesionales del Cuerpo de Peritos Médicos Oficiales de los Tribunales. Así es que a partir de esas evaluaciones surgió una lista con los candidatos que cumplían con las exigencias requeridas para ocupar las posiciones.
Así es que el 8 de febrero pasado los postulantes que habían superado la primera instancia rindieron un examen con tres pruebas diferentes: uno teórico sobre conocimientos jurídicos y los restantes de ortografía e informática.
En todo el proceso, la Corte Suprema tucumana contó con el asesoramiento del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Comisión Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Fuente: DJU
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